Nacionalidad española por residencia: requisitos, plazos y procedimiento

La nacionalidad española por residencia es la culminación del recorrido de muchos extranjeros en España. Después de años residiendo legalmente en el país, obtener la nacionalidad supone la igualdad plena de derechos. Es también uno de los procedimientos más largos y con más requisitos, y por eso una de las consultas más frecuentes que reciben las gestorías. En esta guía explicamos en detalle quién puede solicitarla, cuántos años se exigen según el caso, qué exámenes hay que aprobar y cómo es el procedimiento completo.

Qué es la nacionalidad por residencia

La nacionalidad por residencia es la vía por la que un extranjero que ha residido en España de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud puede adquirir la nacionalidad española. Es distinta de otras vías como la nacionalidad por origen, por opción o por carta de naturaleza, cada una con sus propios requisitos.

El requisito central es el tiempo de residencia legal, pero no es el único: también hay que acreditar un grado suficiente de integración en la sociedad española y buena conducta cívica.

Los plazos de residencia: la clave del trámite

El número de años de residencia legal exigido es lo que más varía y lo que más confusión genera. La regla general es de 10 años de residencia legal y continuada. Sin embargo, existen numerosas excepciones que reducen ese plazo de forma muy significativa.

El plazo se reduce a 5 años para quienes hayan obtenido la condición de refugiado. Se reduce a 2 años para nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí. Este es uno de los puntos más relevantes, ya que beneficia a un gran número de solicitantes procedentes de Latinoamérica.

Y se reduce a tan solo 1 año en varios supuestos concretos, como haber nacido en territorio español, estar casado con una persona de nacionalidad española, o ser viudo o viuda de español o española en determinadas condiciones, entre otros casos.

Determinar correctamente qué plazo aplica a cada solicitante según su nacionalidad y circunstancias personales es la primera y más importante decisión del expediente.

La residencia debe ser legal, continuada e inmediatamente anterior

No basta con haber pasado los años en España: la residencia tiene que haber sido legal, es decir, con la documentación de residencia en regla, continuada, sin interrupciones relevantes, e inmediatamente anterior a la solicitud. Los periodos en situación irregular no computan, y las ausencias prolongadas del territorio pueden romper la continuidad exigida.

Los exámenes: DELE y CCSE

Para la mayoría de los solicitantes mayores de edad y con capacidad, la acreditación de la integración se realiza mediante dos exámenes gestionados por el Instituto Cervantes.

El examen DELE acredita el conocimiento del idioma español, habitualmente en un nivel A2 o superior. Están exentos de este examen los nacionales de países en los que el español es lengua oficial, lo cual vuelve a beneficiar a los solicitantes iberoamericanos.

El examen CCSE (Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España) evalúa el conocimiento sobre la Constitución, las instituciones, la cultura y la sociedad españolas. Este examen sí lo deben realizar, con carácter general, todos los solicitantes mayores de edad, incluidos los hispanohablantes.

Aprobar ambos exámenes —cuando son exigibles— es requisito imprescindible antes de presentar la solicitud, ya que los certificados se aportan con el expediente.

Documentación necesaria

Aunque varía según el caso concreto, la documentación habitual incluye el certificado de nacimiento del país de origen, legalizado o apostillado y traducido por traductor jurado cuando sea necesario; el pasaporte en vigor; el certificado de antecedentes penales del país de origen, también legalizado o apostillado y traducido; el certificado de antecedentes penales en España; el certificado de empadronamiento; la tarjeta de residencia en vigor; los certificados de los exámenes DELE y CCSE cuando sean exigibles; y el justificante del pago de la tasa correspondiente.

La legalización o apostilla y la traducción jurada de los documentos extranjeros es uno de los puntos donde más expedientes se atascan, por lo que conviene revisarla con especial cuidado.

El procedimiento paso a paso

La solicitud de nacionalidad por residencia se tramita principalmente por vía electrónica. A grandes rasgos, el procedimiento comienza con la preparación y legalización de toda la documentación, sigue con la realización y aprobación de los exámenes DELE y CCSE cuando proceda, y continúa con la presentación de la solicitud junto con toda la documentación y el pago de la tasa.

Una vez presentada, la solicitud entra en un periodo de instrucción y resolución que puede ser prolongado. Si la resolución es favorable, el último paso es la jura o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y las leyes ante el Registro Civil, así como la inscripción de la nueva nacionalidad. Solo tras la jura y la inscripción se adquiere efectivamente la nacionalidad española.

Los tiempos de resolución

Uno de los aspectos que más conviene gestionar con el cliente son las expectativas sobre los plazos. La resolución de un expediente de nacionalidad puede tardar un tiempo considerable desde la presentación, y depende de la carga de trabajo de la Administración. Es importante que el solicitante entienda desde el principio que se trata de un procedimiento largo y que, una vez presentado correctamente, gran parte del tiempo depende de la tramitación administrativa.

Errores más frecuentes

Los errores que con más frecuencia frustran o retrasan un expediente de nacionalidad son calcular mal el plazo de residencia aplicable, presentar documentación extranjera sin la legalización o apostilla correcta, aportar traducciones no juradas cuando se exige traducción jurada, dejar caducar la tarjeta de residencia durante la tramitación, no haber aprobado los exámenes exigibles antes de presentar, y descuidar la continuidad de la residencia por ausencias prolongadas.

Cada uno de estos errores puede suponer la denegación del expediente o un requerimiento que lo retrasa meses.

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